La decisión del Ayuntamiento de Vic de informar al Estado de aquellos inmigrantes en situación irregular que pidan empadronarse ha generado una tormenta política en Cataluña por una medida que los críticos ven electoralista y que puede hacer peligrar el acceso de los sin papeles a los servicios básicos.

El alcalde de Vic, el democristiano Josep Maria Vila d’Abadal, se ha quedado solo. Esta vez ni sus socios en el ayuntamiento, PSC y ERC , le secundan en la reedición del desafío de Vic a los inmigrantes en situación irregular. Ni la Generalitat, ni el Gobierno, ni la asociación que agrupa a los municipios de CiU, ni la Agència Catalana de Protecció de Dades ni, por supuesto, las entidades de apoyo a los inmigrantes avalan las tesis de Vila d’Abadal. Pese a ello, el alcalde insistió en que comunicará a la Delegación del Gobierno los datos de los vecinos que se empadronen y «presenten dudas sobre su situación de residencia».
El propio presidente de la Generalitat, José Montilla, ha acusado a CiU de tener la «tentación» de utilizar la inmigración irregular como tema para obtener réditos electorales. «Si no, no entiendo estas polémicas estériles que no llevan a ninguna parte», ha afirmado Montilla en declaraciones a RAC1 . La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que los servicios jurídicos del Estado estudian el caso para elaborar «un informe fundamentado» contra las tesis del alcalde.
Pese al alud de voces que denuncian la ilegalidad de la medida, el líder de CiU, Artur Mas, admitió que no existe una «política común» entre los alcaldes de CiU porque cada municipio tiene «una problemática de la inmigración diferente». En efecto, el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Salvador Esteve, confirmó que no dará instrucciones a los ediles de esta entidad para que sigan los pasos de Vic. Esteve argumentó que «cada ayuntamiento debe hacer lo que crea conveniente».  Esteve dice que los movimientos del alcalde de Vic son  una manera de «llamar la atención» respecto a la necesidad de que el Estado aplique la ley de extranjería.